El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, reitera que la Ley de Amnistía no tiene cabida en la Constitución española, destacando la necesidad de haber consultado previamente al Consejo Consultivo. Durante su intervención en las XXIII Jornadas Nacionales sobre la Función Consultiva, García-Page subrayó que esta medida tan controvertida, requería una opinión técnica que, en su opinión, era obligatoria antes de avanzar en su tramitación.
Para Page fue un debate constitucional sin consultar al Consejo Consultivo
García-Page argumentó que, dado que la Ley de Amnistía genera un debate jurídico y social significativo, la consulta al Consejo Consultivo era «deseable» y «obligatoria». Aseguró que los constituyentes que redactaron la Carta Magna ya concluyeron que esta figura no tenía encaje en el marco constitucional, razón por la cual insiste en que era necesario acudir al órgano consultivo para evaluar su legalidad antes de continuar con su tramitación.
Además, el propio presidente recordó que su gobierno presentó un recurso de inconstitucionalidad ante esta medida, pero solo después de haber solicitado la opinión de su propio Consejo Consultivo. En este sentido, García-Page defendió que, si el dictamen era negativo, no habría seguido adelante con el recurso, a pesar de las posibles presiones políticas.
A parte, también destacó la importancia de que los responsables políticos tengan formación jurídica. «El derecho es la base de las sociedades civilizadas, y quien no lo entienda no sabe dónde vive», afirmó.
El papel del Consejo de Estado
En respuesta a las críticas de Javier de Irízar, presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, por la ausencia del Consejo de Estado en este proceso, Carmen Calvo, presidenta del órgano, aclaró que dicha institución no tiene competencias para pronunciarse sobre proposiciones de ley. Calvo explicó que la seguridad jurídica atribuye al Tribunal Constitucional la única autoridad para decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, y que el Consejo de Estado solo actúa como órgano consultivo del Gobierno de la Nación, no de las Cortes Generales.
