La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha destacado en el III Foro Económico Español de Castilla-La Mancha la necesidad imperante de abordar un nuevo modelo de financiación local que asegure los recursos adecuados para que todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, tengan acceso a los mejores servicios. Este aspecto cobra una relevancia crucial en el contexto de la lucha contra la despoblación, un desafío que requiere medidas concretas y efectivas.
En el marco de la Mesa Redonda ‘Financiación Local. Asignatura pendiente’, organizada por El Español y el Digital Castilla-La Mancha, Cedillo resaltó que el cambio en el modelo de financiación autonómica debe ir de la mano de una reforma en el sistema de financiación local, particularmente para los ayuntamientos y las diputaciones, que representan las administraciones más cercanas a los ciudadanos.
La presidenta abogó por una delimitación más clara de competencias y la eliminación de duplicidades entre las diferentes administraciones. Actualmente, las diputaciones provinciales se ven en la necesidad de asumir responsabilidades que corresponden al ámbito autonómico, sin que esto se vea reflejado en el modelo de financiación local.
En este contexto, Cedillo destacó el papel fundamental de las diputaciones para los municipios, especialmente para los más pequeños, subrayando la importancia de contar con unas cuentas saneadas. La Diputación de Toledo, gracias a una gestión eficiente de los recursos, dispone de un remanente de Tesorería de más de 24 millones de euros, lo que le permite asignar partidas significativas directamente a los ayuntamientos para promover el progreso y el desarrollo local.
La buena salud financiera de las cuentas provinciales también facilita la capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas, como la Dana del pasado mes de septiembre, donde la institución provincial pudo destinar 10 millones de euros para asistir a 126 municipios afectados por la catástrofe.
En última instancia, Cedillo subrayó que el objetivo primordial de las diputaciones es garantizar que los ciudadanos disfruten de los mejores servicios e infraestructuras en cualquier parte del territorio, destacando que combatir la despoblación rural es el eje central de la acción gubernamental, lo que requiere inversiones, gestión eficiente de servicios compartidos, fomento del empleo y una política social sólida centrada en la mejora constante de los servicios públicos.