El diputado provincial de Ciudadanos, Julio Comendador, presentará una propuesta a la Diputación de Toledo instando al Gobierno central a eliminar la penalización en las pensiones que sufren más de 531.000 personas que se han acogido a una jubilación anticipada y cuentan con un periodo de cotización a la Seguridad Social superior a los 40 años.
Comendador ha recogido las reivindicaciones de la asociación Asjuvi40, en una reunión telemática con los representantes de la entidad Manuel Barrera y Gabriel Román, a la que también ha asistido el portavoz de Ciudadanos en Talavera, Sergio Delgado, quien ha logrado que esa misma propuesta haya sido aprobada en el Ayuntamiento de la ciudad de la cerámica.
La asociación Asjuvi40 comenzó su andadura en el año 2016 con el único objetivo de acabar con la discriminación que sufren 531.000 personas que se han acogido a una jubilación anticipada, voluntaria o forzosa, dentro de los ámbitos legales, y quienes, tras haber cotizado más de 40 años, pueden ver mermada su pensión de por vida hasta en un 40%, según recoge la actual legislación.
En estos años, la actividad de esta plataforma ha sido incansable y ya cuentan con el respaldo de los Parlamentos de 14 Comunidades Autónomas, al que esperan se sume Castilla-La Mancha, dado que el grupo de Ciudadanos en las Cortes regionales ya ha presentado esta propuesta que será debatida en breve en la Cámara autonómica.
En el Congreso y en el Senado también han conseguido que la iniciativa para eliminar esa penalización en las pensiones salga adelante, por lo que la decisión depende del ministro Escrivá, a quien han presentado más de 420.000 firmas de apoyo, según ha explicado a Comendador Manuel Barrera, convencido de que el titular de Seguridad Social tendrá en cuenta el apoyo popular de esta petición a la hora de redactar la reforma de las pensiones que prepara su departamento.
El portavoz de Cs en la Diputación se ha comprometido, por otro lado, a trasladar esta reivindicación a los concejales de su formación en la provincia de Toledo, a fin de que la presión institucional ayude a acabar “con una injusticia que padecen miles de personas que se vieron obligadas muchas veces a adelantar su edad de jubilación porque habían quedado fuera del mercado de trabajo, ya en la crisis de 2008, y cuyo número puede verse incrementado en la actual situación económica generada por la pandemia”.
