Nadie nos dijo nunca que esto de la “progresía” realmente no va de “no dejar a nadie atrás”, sino de asfixiarnos a impuestos hasta dejarnos sin resuello.
Más bien lo que se nos relata son cuentos con el vil ánimo de atentar contra la inteligencia. Porque este Gobierno progresista no se limita a mentirnos de continuo sino que además nos toma por estúpidos.
Se afirma en los mentideros del Congreso que el objetivo es la redistribución de la riqueza y restaurar de una vez por todas lo que se ha dado en llamar la “justicia social”. Tanto lo uno como lo otro no sólo son legítimos en esencia, sino totalmente necesarios en una sociedad avanzada que se precie. El problema viene cuando a algunos de nuestros políticos con capacidad de toma de decisión les ponemos a definir lo que ambas cosas significan. Y es que, retuercen y pervierten los términos hasta caer en la desvergüenza más absoluta.
Mientras se parte del discurso de que al final los impuestos repercutirán más en el “rico” y en aquellos que más tienen, la realidad discurre por unos derroteros considerablemente más siniestros.
Porque a lo que realmente nos enfrentamos todos los españoles sin excepción –no sólo aquellos más pudientes- es a una voracidad confiscatoria sin paragón. Y todo para dar respuesta a los compromisos partidistas, en un momento de profunda crisis económica. Sablazo fiscal a los autónomos que verán aumentada su cuota mensual, castigo indecoroso para los ahorradores que ven reducida la cantidad deducible de las aportaciones a sus planes de pensiones, pago de peaje en nuestras autovías, subida de la luz hasta llegar a precios históricos y sin ningún atisbo de intención de minorar el 60% de la factura que sólo se debe a impuestos, precio del combustible inasumible, subida del impuesto de circulación, del impuesto de sociedades, y así un infinitesimal etc.
Todo ello, no “para dejar a nadie atrás” sino para cumplir con una hoja de ruta y garantizarse unos apoyos estrictamente necesarios para la supervivencia en Moncloa.
