Javier Gil y Javier Gil.
Recuerdo los días en los que un Ayuntamiento exultante, presumía del crecimiento de habitantes de nuestra ciudad. He de decir que yo me alegré particularmente porque entiendo que Talavera tiene que continuar su senda de incremento de población para convertirse en una población con todos los servicios necesarios. Los españoles hemos decidido que tener hijos es caro e incómodo y la mayoría se pone en marcha alrededor de los cuarenta años para tener un vástago único. La población inmigrante es por tanto necesaria para que Talavera siga creciendo. Los talaveranos somos un pueblo de acogida, abierto y tolerante donde procede una integración real y no la de la idea progre de la multiculturalidad que tanto ha fracasado en Francia, Bélgica o Gran Bretaña.
En toda esta marea social, la policía nacional ha descubierto una presunta trama corrupta y de estafadores que cobraban a los inmigrantes por empadronarse en Talavera de la Reina. Este grupito se lucraba del miedo y la desesperación de estas personas y hacía negocios con seres humanos. Estos inmigrantes, por supuesto, inmediatamente tienen ayudas sociales y son preferentes para casi todo por encima del resto de los talaveranos, por ejemplo, obtener un trabajo en IPETA, plazas en campamentos de verano para los hijos, descuentos en muchas actividades, libros… vamos las “paguitas”.
No me extraña que otras comunidades asentadas desde hace siglos en Talavera como la comunidad gitana o nuestros hermanos iberoamericanos se hayan quejado en repetidas veces por estos ciertos “privilegios”, que se extienden para la nacionalidad más beneficiada en esta estafa y que coincide, seguramente por casualidad, no en todos, pero sí en la mayoría de los beneficiados en ser naturales del país más favorecido por el gobierno de Sánchez, el del Pegasus y los tomates con fertilizantes prohibidos. Aparte de las enormes prisas por ayudarles a obtener la nacionalidad española…
De momento todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La policía y la fiscalía deberían seguir investigando y luchando contra estas mafias que extorsionan a seres humanos. Sobre la responsabilidad política “in vigilando” no diré nada, porque al parecer eso en España no existe.
Por Javier Gil.
