En un contundente golpe contra la ilegalidad, la Policía Nacional ha desmantelado una red delictiva en Talavera de la Reina (Toledo) dedicada al empadronamiento fraudulento de ciudadanos extranjeros en situación irregular. La operación, denominada «Aladín», ha resultado en la detención de ocho individuos involucrados en actividades delictivas que van desde el favorecimiento de la inmigración ilegal hasta la falsedad documental y delitos contra la Administración de Justicia y la Administración Pública.
La trama delictiva, que se extendía en el tiempo y en la complejidad de sus operaciones, fue descubierta a mediados de 2023, cuando el Ayuntamiento de Talavera de la Reina alertó a las autoridades policiales sobre la posible irregularidad en algunos empadronamientos. A partir de entonces, la Brigada Local de Extranjería y Fronteras inició una minuciosa investigación que posteriormente involucró a los agentes de la Brigada Local de Policía Judicial.
Los investigadores descubrieron que los líderes de la red se dedicaban a empadronar de manera masiva a inmigrantes en tres diferentes ubicaciones, registrando un total de 166 personas en una vivienda, 108 en un local comercial y 15 en un tercer domicilio destinado a este fin ilícito.
El modus operandi de la red incluía la falsificación de documentación y la complicidad de personas infiltradas en el Padrón municipal. Además, la organización cobraba sumas que oscilaban entre los 50 y los 5.000 euros por los servicios fraudulentos ofrecidos.
Uno de los aspectos más preocupantes era la utilización de una empresa para inscribir a los inmigrantes en la Seguridad Social a través de contratos de trabajo ficticios. De esta manera, los implicados facilitaban a los extranjeros la obtención de tarjetas de residencia y trabajo, así como el acceso a beneficios y ayudas sociales.
Los miembros de la red, actuando con ánimo de lucro, reclutaban inmigrantes interesados en regularizar su situación y hasta ofrecían sus propiedades vacías para los empadronamientos fraudulentos.
En los registros realizados, se incautó una gran cantidad de documentación incriminatoria, teléfonos móviles y un ordenador, elementos clave para la investigación en curso.
Esta operación, que ha contado con la participación de unidades especializadas como la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) con sede en Madrid, representa un importante paso en la lucha contra la ilegalidad y la protección de los mecanismos administrativos y legales del país.
