El Gobierno regional aprueba una inversión de 15,9 millones de euros para prestaciones económicas destinadas a la protección de las familias en Castilla-La Mancha. En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, anunció la aprobación de una inversión de 15,9 millones de euros para prestaciones económicas destinadas a garantizar la protección de las familias en la región de Castilla-La Mancha. Esta inversión incluye tanto las ayudas destinadas a familias numerosas como las ayudas de emergencia social para el ejercicio 2024.
En cuanto a las ayudas de familias numerosas, García Torijano detalló que se destinarán 6,6 millones de euros para proteger a las más de 46,000 familias en la región que cuentan con este título. Durante el año 2023, 13,000 de estas familias cumplieron los requisitos y se beneficiaron de estas ayudas, cuyo abono se realiza en dos pagos semestrales. La cuantía de las ayudas varía entre 15 y 28,75 euros por hijo al mes, teniendo en cuenta el número de hijos que figuran en el título de Familia Numerosa. La consejera subrayó la importancia de estos apoyos para compensar las rentas familiares, favorecer la conciliación laboral y familiar, y contribuir a la inclusión social.
Además, García Torijano informó que se ha aprobado un crédito de 9,3 millones de euros para la convocatoria de ayudas de emergencia social. Estas ayudas están destinadas a atender situaciones de urgente y grave necesidad de las familias, principalmente relacionadas con alimentación, vestido y el mantenimiento de viviendas en caso de imprevistos. Hasta octubre de 2023, se concedieron un total de 4,164 ayudas de emergencia, beneficiando a más de 10,000 personas en la región. La consejera destacó que estas ayudas deben considerarse como parte de un proceso de intervención social, y no como un fin en sí mismas.
García Torijano también señaló que las solicitudes de ayudas de emergencia han disminuido en comparación con el año anterior, atribuyendo este hecho a la eficacia del Ingreso Mínimo Vital, que ha alcanzado a 29,000 beneficiarios en la Comunidad Autónoma, y a los recursos y programas implementados por la Consejería de Bienestar Social y otras áreas de Gobierno para abordar las situaciones de vulnerabilidad social en la región.
