El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha consolidado como referente europeo en la implantación de medidas para hacer frente al fenómeno de la despoblación en el medio rura l a través de la aplicación de las actuaciones incluidas en la Ley regional de Medidas contra la Despoblación, en vigor desde el año 2021.
Unas medidas que el comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, y la directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, han expuesto hoy en el seminario ‘Adopción de medidas para hacer frente a la despoblación de las zonas rurales’ organizado por la Comisión Europea y donde los representantes regionales han detallado las novedades que incorpora la Ley, una norma pionera, transversal y participada, entre las que se destaca la inclusión, por primera vez en la historia de Europa, de una fiscalidad diferenciada como herramienta para frenar la despoblación.
Ahondando en el articulado de la norma, el comisionado del Reto Demográfico ha destacado las medidas para garantizar el acceso a los servicios públicos como educación, sanidad y servicios sociales. Así como el impulso a la instalación y mantenimiento de empresas en estas zonas, con hasta un 40 por ciento adicional de las ayudas con un objetivo claro, “hacer de que pueblos sean territorios atractivos para invertir y para vivir”, ha insistido.
La cita, que se ha desarrollado este jueves en Bruselas, ha concitado a diferentes departamentos de la Comisión Europea (la Oficina del Pacto Rural o el Centro de Investigación); además de gobiernos nacionales y regionales de toda Europa (desde Finlandia a Bulgaria); y que ha contado con la participación de otras comunidades españolas como Asturias y Castilla y León, junto con grupos de Acción Local.
Un auditorio ante el que los miembros de la delegación castellanomanchega han reiterado que la Comunidad Autónoma es la única región de Europa que ha delimitado sus zonas descendiendo del límite provincial para poder medir con más precisión el problema de la despoblación “para poder tomar decisiones en función de la situación de cada uno de los territorios”, ha dicho Alique.
En este punto, el comisionado del Reto Demográfico ha recordado que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, solicitó el pasado mes de diciembre en el Comité de las Regiones, donde conseguía el respaldo unánime a su propuesta, para que la Comisión Europea efectúe los análisis demográficos y las estadísticas de despoblación por debajo del ámbito provincial y descienda así al ámbito comarcal para aplicar las medidas y hacer frente al fenómeno de la pérdida demográfica.
Esto beneficiaría a provincias como Guadalajara, donde crece la población en la zona del Corredor del Henares y, sin embargo, otras comarcas como la Sierra Norte, la comarca de Molina de Aragón o la Alcarria, están despobladas permitiendo así que accedan a las ayudas de las que ya se benefician las provincias de Cuenca, Teruel y Soria.
La despoblación, en los presupuestos
Asimismo, y a lo largo de su intervención en este seminario, tanto el comisionado como la directora general, han reiterado que la Comunidad Autónoma es “la única en España y en Europa” en incluir en los presupuestos regionales para este presente ejercicio la memoria de impacto demográfico que supone 1.714 millones de euros para luchar contra la despoblación y que representa que casi uno de cada cuatro euros está relacionado con medidas frente a la despoblación.
Esto supone garantizar la ejecución de las actuaciones de forma trasversal a todas las áreas del Gobierno, también a través de herramientas como la inclusión del Informe de impacto demográfico en la elaboración de las normas, planes y programas del Ejecutivo regional, con el objetivo de establecer medidas para adecuarlas a la lucha frente a la despoblación (también conocido como el ‘rural proofing’ ).
Adhesión a la Plataforma de Revitalización Rural de la Comisión Europea
Finalmente, el Gobierno de Castilla-La Mancha se va a adherir a la Plataforma de Revitalización Rural que, coincidiendo con la celebración del seminario, la Comisión Europea ha puesto en marcha como una herramienta para que las regiones europeas más comprometidas en hacer frente a la despoblación puedan hacer llegar sus propuestas a la Comisión.
