El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto implementar el canon ambiental del agua a partir del año 2025, asegurando que su aplicación se realizará con el menor impacto posible en el bolsillo de la ciudadanía. Así lo ha comunicado la consejera Portavoz, Esther Padilla, quien detalló que los primeros 10.000 litros de consumo mensual en una vivienda o establecimiento estarán exentos de pago de la tasa. Este tributo, una exigencia normativa de la Unión Europea para fomentar el ahorro de agua en tiempos de sequía, representa un incremento mínimo en la factura del agua, estimado en poco más de un euro para los usuarios en Castilla-La Mancha.
Además de establecer estos tramos de exención, se prevén bonificaciones y exenciones que beneficiarán a diversos sectores de la población. Se otorgarán descuentos del 100 por ciento a familias numerosas, víctimas de violencia de género, personas vulnerables y residentes en áreas rurales. Asimismo, se eximirá del pago del canon a la industria agroalimentaria y a infraestructuras deportivas como campos de fútbol y piscinas municipales, buscando proteger a los sectores más vulnerables y promover un uso responsable del recurso hídrico.
Reducción del canon ambiental
Padilla subrayó que la recaudación obtenida por este canon se destinará exclusivamente a mejorar las infraestructuras relacionadas con el ciclo integral del agua, incluyendo depuración, abastecimiento, reutilización y mejora de redes. Además, un 25 por ciento de los fondos recaudados se transferirá a los ayuntamientos para que puedan realizar inversiones en infraestructuras hídricas de su competencia.
En relación con las críticas y confusiones sobre el incremento en las facturas del agua en algunos municipios, la portavoz regional aclaró que este aumento no está relacionado con el canon ambiental, ya que este aún no se ha implementado en la región. Invitó a la oposición a dejar de utilizar este tema con fines políticos y a actuar con responsabilidad, recordando que el canon es una medida exigida por la normativa europea para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico y evitar sanciones por incumplimiento.
