El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado, en la reunión del Consejo de Gobierno de hoy, cerca de 62 millones de euros dirigidos a impulsar la formación de casi 15.000 personas en la región, además de apoyar el desarrollo de los cinco espacios coworking creados en zonas rurales de Castilla-La Mancha con la aprobación de una ayuda directa para el mantenimiento de su actividad. Acerca de estos acuerdos ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien ha señalado que las convocatorias aprobadas van a dar cobertura a un millar de acciones de Formación Profesional para el Empleo en la región.
La primera de estas convocatorias aprobadas hoy en Consejo de Gobierno es la llamada Modalidad II de FP para el Empleo, o lo que es lo mismo, la formación dirigida a personas desempleadas. “Esta convocatoria supera los 42,8 millones de euros e incluye en la misma 6,45 millones de euros para becas y transporte que garantizan que las circunstancias económicas no sean en ningún caso un impedimento para que las personas desempleadas puedan acceder a estas acciones formativas”, ha dicho la consejera, que ha explicado que estos cursos van destinados a la obtención de certificados de Profesionalidad o similares, además de incluir de manera complementaria otra formación como las competencias clave.
La convocatoria puede destinarse, en un 30 por ciento como máximo, a personas ocupadas, pero se dirige de manera prioritaria a personas desempleadas, con especial incidencia en aquellos colectivos con mayores dificultades de inserción como son personas desempleadas de larga duración, personas desempleadas con baja cualificación, tanto jóvenes como mayores de 45 años, mujeres, personas sin empleo en ámbitos rurales y personas con necesidades formativas especiales, además de incluir entre los colectivos prioritarios personas en situación de suspensión de trabajo o reducción de jornada por un ERTE.
La consejera ha informado de que “esta convocatoria prevé llegar a 13.500 personas a través de 900 acciones formativas, con una inversión de 42,8 millones de euros que incluye, además, 6,45 millones de euros para becas dirigidas a personas desempleadas de larga duración, mayores de 50 años, personas desempleadas jóvenes y tanto para mujeres como para hombres en sectores subrepresentados, además de para aquellos en entornos en situación de despoblación o lejanía en el ámbito rural”.
Estas becas, además, se pueden anticipar en un 40 por ciento para aquellos participantes que tengan ingresos inferiores al 75 por ciento del IPREM y en acciones formativas de larga duración, más de 500 horas, además de en el caso de las prácticas en ámbito internacional, ha informado Patricia Franco, que ha detallado que el plazo de solicitud será de un mes para los centros de formación desde el día siguiente a la próxima publicación en el DOCM de la convocatoria y los alumnos y alumnas se pueden dirigir a los centros de formación, Oficinas Emplea y a la red de orientadores de la región.
18,7 millones de euros para programas duales de formación y empleo
Además, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha informado también de la aprobación hoy, en Consejo de Gobierno, de la convocatoria de cuatro programas duales de FP para el Empleo, dotadas con 18,7 millones de euros y que se suman así a la aprobada hace dos semanas, la Línea Sectorial, también en Consejo de Gobierno, completando por el momento la oferta de la modalidad dual de FP para el Empleo en la región. “La convocatoria que hemos aprobado hoy está dirigida a apoyar más de un centenar de acciones formativas en los cuatro programas de la modalidad mixta de formación, dando cobertura a más de 1.250 personas en Castilla-La Mancha”, ha señalado Patricia Franco.
Esos cuatro programas son el Dual Verde, dirigido a impulsar programas formativos en el ámbito rural; Escuelas Profesionales, dirigido a formar a personas jóvenes inscritas en el Sistema de Garantía Juvenil; Nuevas Oportunidades, para impulsar proyectos dirigidos a persona mayores de 50 años; y el CREA, para colectivos con dificultades de inserción como personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género y personas víctimas de violencia doméstica, perceptores de rentas mínimas de inserción y otros colectivos en situación de exclusión social.
“Los programas deben tener la duración necesaria para garantizar la obtención de un Certificado de Profesionalidad o similar, y contarán con un mínimo de ocho alumnos y un máximo de 16”, ha detallado la consejera, que ha explicado que los participantes “deben estar dados de alta por las empresas a través de contratos de formación en alternancia durante la realización de los programas formativos”, en los que un 35 por ciento de la jornada legal establecida será de formación y un 65 por ciento de trabajo efectivo en la empresa.
La duración de los programas no puede exceder los dos años, y se llevarán a cabo con un compromiso de contratación que va desde un diez por ciento para el programa CREA, hasta el 25 por ciento en Escuelas Profesionales, pasando por un 20 por ciento en los otros dos programas. El plazo de solicitud también se abrirá el día después de la próxima publicación de la convocatoria en el DOCM y hasta el 30 de junio.
300.000 euros para apoyar los coworkings rurales en cinco municipios
Por otro lado, Patricia Franco ha informado también de la aprobación hoy, en Consejo de Gobierno, de una inversión de 300.000 euros para apoyar el desarrollo de la actividad de los cinco coworking rurales que se han creado en la región a través de los fondos de Conferencia Sectorial del Reto Demográfico el pasado año, y cuya continuidad apoya el Ejecutivo autonómico este año con fondos propios.
Estos cinco coworking van a recibir ayuda para hacer frente a los gastos de personal, facilitando así el mantenimiento de su actividad como un lugar de apoyo al emprendimiento en estos municipios y su comarca. Estos cinco coworking se han puesto en marcha en Riópar, en la provincia de Albacete; en Almadén, en la provincia de Ciudad Real; en Quintanar del Rey, en la provincia de Cuenca; en Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara; y en Belvís de la Jara, en la provincia de Toledo. Son espacios a disposición de los nuevos emprendedores y los proyectos de emprendimiento de esas localidades y sus comarcas pueden dar sus primeros pasos en sus negocios, y tal y como ha explicado la consejera.
