La Policía Nacional ha asestado un duro golpe al tráfico de drogas en España con la desarticulación de un grupo criminal dedicado al cultivo y distribución de cannabis. En una operación que se desarrolló en las provincias de Valencia, Cuenca y Toledo, los agentes lograron intervenir más de 1.000 plantas de cannabis, detener a nueve personas y descubrir una compleja infraestructura que incluía plantaciones indoor, vehículos lanzadera y la defraudación masiva de electricidad.
El grupo criminal poseía tres plantaciones indoor
La operación, que comenzó en septiembre de 2024 tras detectar actividades sospechosas, culminó con nueve registros realizados en diversos puntos estratégicos. En Toledo, se registró una nave industrial empleada como almacén central para la droga. También, en Cuenca, una plantación activa que se encontraba en esta provincia, junto con pruebas de la operación criminal. Finalmente, en Valencia, en localidades como Albalat dels Sorells y Lliria albergaban sofisticadas plantaciones indoor, mientras que en Massanassa se utilizaba un inmueble como residencia.
En total, los agentes localizaron y desmantelaron tres plantaciones completamente operativas y una más en preparación en una urbanización de Riba-Roja de Túria.
Tecnología y logística del crimen
El grupo criminal, integrado por siete hombres y dos mujeres de origen albanés y rumano, había desarrollado una infraestructura avanzada para el cultivo y distribución de cannabis. Entre los efectos intervenidos destacan:
- 1.065 plantas de cannabis listas para su distribución.
- Equipamiento especializado: 169 focos LED, 77 ventiladores, siete aires acondicionados y 51 lámparas de vapor, esenciales para mantener las plantaciones.
- Documentación financiera y logística: contratos de arrendamiento y registros de envíos de dinero.
- 14 teléfonos móviles, utilizados para coordinar las actividades.
Pero, uno de los aspectos más llamativos de la operación era la detección de un esquema de defraudación eléctrica en las instalaciones. Solo en uno de los puntos registrados, el valor de la electricidad robada ascendía a 50.000 euros al mes, un dato que subraya la magnitud del entramado criminal.
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