El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha respaldado la medida adoptada por el anterior Gobierno de Talavera para evitar que las casas de apuestas se sitúen a menos de 300 metros de lugares sensibles. Esta decisión confirma la validez de una modificación urbanística pionera en España, implementada en 2020, que buscaba proteger a los jóvenes de los riesgos de la ludopatía y controlar la proliferación de estos establecimientos en barrios residenciales.
Una medida pionera en España
La regulación de 2020 fue una iniciativa innovadora a nivel nacional, diseñada para abordar el creciente problema de la expansión de casas de apuestas en Talavera. Esta modificación urbanística puntual se propuso como una solución para evitar que estos establecimientos se instalen cerca de colegios, institutos, zonas deportivas y espacios verdes, lugares frecuentados por jóvenes. Además, según el concejal del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Carrillo, esta medida se adoptó con el objetivo de prevenir la ludopatía entre los jóvenes y evitar la saturación de casas de apuestas en los barrios.
También, la Asociación de Establecimientos de Juego de Castilla-La Mancha impugnó la medida, llevando el caso a los tribunales. Sin embargo, la decisión del Tribunal Superior de Justicia regional apoyó la modificación urbanística. Más recientemente, el Tribunal Supremo ha emitido una sentencia pionera a nivel nacional, fechada el 17 de junio de 2024, que ratifica la validez de la regulación.
El TSJ protege a los jóvenes
El objetivo central de esta regulación es proteger a los jóvenes de Talavera del impacto negativo de las casas de apuestas. Al establecer una distancia mínima de 300 metros entre estos establecimientos y lugares sensibles como colegios y zonas deportivas, se busca crear un entorno más seguro para los jóvenes, alejándolos de los riesgos de la ludopatía.
Además, el concejal José Antonio Carrillo ha enfatizado la importancia de esta medida y ha instado al actual Gobierno local a seguir utilizando el urbanismo para regular cuestiones que beneficien a la población. «Esto es lo que hay que hacer y esto es lo que tiene que saber el concejal y el alcalde, que el urbanismo puede regular estas cuestiones en beneficio de la población».
