Después de un arduo proceso judicial que duró nueve días en la Audiencia Provincial de Toledo, el veredicto ha sido contundente: los cinco implicados en el crimen de Las Ventas de Retamosa, ocurrido en mayo de 2018, han sido declarados culpables por unanimidad por un jurado popular compuesto por cinco hombres y cuatro mujeres.
El primer acusado, L.C.M., ha sido declarado culpable de inducción de delito de asesinato y tentativa de asesinato, mientras que el sicario y ejecutor, R.R.A., ha sido considerado culpable de asesinato, tentativa de asesinato, robo con fuerza de vehículos, robo de uso y tenencia ilícita de armas. Las acusaciones recaen también sobre la esposa del inductor, M.C.M.V., por amenazas y encubrimiento, así como sobre su hermano y la novia del sicario, A.S.A., también por encubrimiento.
El crimen, que conmocionó a la comunidad en mayo de 2018, tuvo lugar en la urbanización Monteviejo II de Las Ventas de Retamosa, donde un sicario interceptó un vehículo y disparó siete veces contra sus ocupantes por encargo de un matrimonio. La mujer que conducía fue asesinada, y su hijo de 12 años resultó gravemente herido.
El proceso reveló una trama de amenazas y disputas entre la víctima y el matrimonio acusado. Según el relato de los hechos en el juicio, las desavenencias surgieron por conductas extramatrimoniales de la esposa del inductor, M.C.M.V., y las presiones que el esposo ejercía sobre la víctima, a quien acusaban de robar una suma considerable de dinero.
El inductor del crimen admitió haber hecho el encargo del asesinato, mientras que el sicario reconoció haberlo ejecutado por dinero. Durante el juicio, se revelaron detalles escalofriantes sobre la planificación y ejecución del crimen, así como la participación de los demás implicados en el encubrimiento y la facilitación de medios para cometer el delito.
El jurado no dio credibilidad a los intentos de exculpación por parte de los acusados, y las penas solicitadas por el ministerio público son severas: 25 años de prisión para cada uno de los tres principales acusados por el delito de asesinato de la mujer y 15 años adicionales por el intento de asesinato del menor. Además, se pide que el sicario sea condenado a tres años de prisión por tenencia ilícita de armas y otros tres por robo con fuerza, elevando su posible condena a 46 años de cárcel.
El proceso judicial, que ha puesto al descubierto una trama de violencia y corrupción, marca un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias, y subraya la importancia de la labor de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en la protección de los derechos y la seguridad de la sociedad.
