Increíble pero cierto, la trama urdida en una empresa de Castilla-La Mancha para perjudicar a una trabajadora ha sido descubierta por la Policía Nacional. En un giro sorprendente, el asesor de la compañía ha sido detenido, mientras que la máxima responsable está siendo investigada, ambos acusados de participar en un elaborado plan de falsedad documental.
Los hechos que llevaron a estas detenciones se remontan a la presentación de un acta de conciliación ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Esta documentación, que originalmente favorecía a una empleada en una disputa laboral, fue manipulada con la clara intención de eludir posibles consecuencias administrativas para la empresa, según informó la Policía Nacional en un comunicado oficial.
La investigación se puso en marcha gracias a la valiente denuncia de la propia trabajadora afectada, quien, detectando posibles irregularidades, decidió alertar a las autoridades. Sus sospechas se centraban en la posibilidad de que el acta de conciliación, emitida por el Juzgado de lo Social y resolviendo a su favor el conflicto laboral con su superiora, hubiera sido manipulada.
El documento falsificado, después de ser alterado, fue presentado ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Este paso estratégico resultó en el archivo del procedimiento que la institución tenía abierto, procedimiento que podría haber tenido serias repercusiones para la empresa.
Los agentes encargados de la investigación confirmaron que el documento había sido parcialmente modificado, incorporando un párrafo en el que la denunciante supuestamente renunciaba a emprender cualquier acción, incluyendo la vía administrativa.
En el desenlace de esta trama maestra, el asesor de la empresa, señalado como el presunto artífice de la manipulación del documento, ha sido detenido. Por su parte, la máxima responsable de la empresa enfrenta una investigación por su presunta participación en estos hechos y la presentación del documento ante la Inspección de Trabajo.
La Policía Nacional subraya que cualquier alteración, simulación, modificación o falsificación de un documento emitido legalmente constituye un delito contemplado en el Código Penal. Las penas asociadas a este tipo de infracciones incluyen la prisión, multas e incluso la inhabilitación. La justicia, una vez más, ha actuado para desentrañar una trama que buscaba socavar los derechos laborales y la integridad de una trabajadora.
