Un grupo de alrededor de treinta franquiciados de Carrefour ha decidido alzar la voz y tomar medidas ante lo que consideran «estafa» en las condiciones impuestas por la multinacional en sus contratos. Preparan la creación de una plataforma que les permita unirse en una queja colectiva, alzándose contra las condiciones abusivas que afirman ser forzados a aceptar. Además, esta plataforma podría atraer a otros cien afectados en toda España que se sienten agraviados.
Los franquiciados denuncian que el negocio no ha alcanzado la rentabilidad prometida, resultando en pérdidas financieras significativas. Sienten que Carrefour no ha cumplido con su parte del trato y consideran que la oferta inicial a la que se suscribieron resultó ser una «estafa». Como respuesta, están considerando emprender acciones legales conjuntas, aunque algunos ya han interpuesto demandas de manera individual.
El promotor de la plataforma de afectados, Miguel Martín, ha contactado a otros treinta franquiciados en la zona central de la península, con la idea de crear una plataforma que una a todos los afectados. Miguel es propietario de diez franquicias de Carrefour en diferentes lugares de España, y aún así, afirma que sigue perdiendo dinero. Se cuestiona cómo es posible que Carrefour gane dinero mientras él no lo hace.
Miguel Martín describe a Carrefour como una «banda organizada» y denuncia que, en el mejor de los casos, el plan de negocio de Carrefour solo funciona en el 20% de las ocasiones, mientras que el 40% de las franquicias obtienen ganancias mínimas. El 80% restante sufre pérdidas, lo que considera una «estafa flagrante». Martín insiste en que la información proporcionada por Carrefour es engañosa y que los contratos de franquicias son abusivos.
Reconociendo que la lucha será complicada debido a la capacidad financiera y legal de Carrefour, insiste en que la plataforma se mantendrá firme para que los responsables de las pérdidas sean considerados subsidiarios y no recaigan en los empleados que, cuando las franquicias cierran, se quedan en una situación complicada y deben acudir al Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), lo que implica un costo para todos los españoles.
