El plazo necesario para desalojar a un okupa en España está experimentando un aumento constante, llegando casi a dos años. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el periodo medio de los procedimientos verbales y las apelaciones relacionadas con ocupación ilegal de viviendas alcanzó los 20,5 meses en 2022, lo que ha llevado a expertos a demandar cambios normativos urgentes.
Este incremento en el tiempo que los propietarios deben esperar para obtener una sentencia de desalojo se debe al mal funcionamiento de la Administración de Justicia debido a la falta de recursos, según Arantxa Goenaga, abogada y socia de Círculo Legal Barcelona. Además, señala que este plazo se verá prolongado aún más debido a las huelgas que se están produciendo.
La nueva Ley de Vivienda también se suma a esta problemática al imponer requisitos y trámites adicionales para iniciar procedimientos judiciales contra los okupas. Esta situación está llevando a muchos propietarios a vender sus propiedades para evitar el riesgo de ocupación ilegal, lo que afecta negativamente a la confianza de los inversores.
La okupación se ha convertido en un problema tanto para los propietarios, que deben seguir pagando impuestos y suministros, como para los vecinos, que a menudo sufren destrozos en los edificios y daños psicológicos. A pesar de ello, las instituciones no están brindando suficiente ayuda a los afectados, según la PAO.
En resumen, el aumento en el plazo necesario para desalojar a los okupas en España se debe a problemas en la Administración de Justicia y a cambios legislativos que favorecen a los inquilinos. Los expertos proponen reformas legales, mayor apoyo a la Administración de Justicia y medidas policiales para abordar esta problemática.
